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¿Qué impacto tiene la prevención del lavado de dinero en la economía y la seguridad de Chile?
La prevención del lavado de dinero contribuye a la estabilidad económica y la seguridad de Chile al reducir el riesgo de infiltración de activos ilícitos y actividades criminales en la economía nacional, lo que promueve la confianza y la integridad del sistema financiero y comercial.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de actividades económicas ilícitas en el mercado negro y la economía sumergida en Chile?
El KYC contribuye a la detección de actividades económicas ilícitas en el mercado negro y la economía sumergida en Chile al verificar la fuente de fondos y la identidad de las personas involucradas en transacciones sospechosas.
¿Cómo se resuelven las disputas en un contrato de venta en Chile?
Las disputas en un contrato de venta en Chile pueden resolverse a través de la negociación, mediación, arbitraje o mediante un proceso judicial. Las partes pueden acordar un método de resolución de disputas en el contrato o recurrir a la legislación chilena aplicable.
¿Puede el arrendatario ser desalojado por el arrendador sin causa justificada en Chile?
En Chile, el arrendador no puede desalojar al arrendatario sin una causa justificada. Debe existir un motivo válido, como incumplimiento de contrato o falta de pago, y seguir un proceso legal específico.
¿Cómo se evalúa el impacto de los tratados de libre comercio en la debida diligencia en Chile?
Los tratados de libre comercio pueden influir en la debida diligencia en Chile al abrir oportunidades comerciales y afectar las condiciones para importar y exportar. La debida diligencia debe considerar cómo estos acuerdos pueden impactar la transacción.
¿Cuál es el proceso de notificación de una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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