Artículos recomendados
¿Qué sucede si el deudor no tiene suficientes bienes para cubrir la deuda en Chile?
Si el deudor no tiene suficientes bienes para cubrir la deuda, el acreedor puede perseguir otros activos del deudor o acordar un plan de pago a largo plazo.
¿Cuál es el papel de las auditorías externas en el cumplimiento en Chile?
Las auditorías externas desempeñan un papel relevante en el cumplimiento en Chile al brindar una evaluación imparcial de las prácticas de cumplimiento de una empresa. Estas auditorías pueden ser requeridas por reguladores o ser voluntarias y ayudan a verificar que se cumplan las regulaciones y estándares aplicables.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el cumplimiento en Chile?
La prevención de la corrupción es un aspecto crítico del cumplimiento en Chile. Las empresas deben implementar programas de cumplimiento anticorrupción que incluyan políticas, capacitación y medidas de control para prevenir y detectar actos de corrupción. Además, deben cumplir con la Ley N° 20.393, que establece normas de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción. La cooperación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es esencial para informar sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero y corrupción.
¿Puede el arrendador cambiar las condiciones del contrato durante su vigencia en Chile?
En general, el arrendador no puede cambiar las condiciones del contrato durante su vigencia sin el consentimiento del arrendatario, a menos que exista una cláusula específica en el contrato que lo permita.
¿Cuál es el proceso de liberación de bienes embargados en Chile una vez que se ha pagado la deuda?
Una vez que se ha pagado la deuda, el deudor o el acreedor debe solicitar al tribunal la liberación de los bienes embargados para que puedan ser devueltos al deudor.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre las agencias gubernamentales en la lucha contra el lavado de dinero en Chile?
Chile promueve la cooperación interinstitucional entre las agencias gubernamentales, como la UAF, la Fiscalía y la policía, a través de acuerdos y mecanismos de intercambio de información para garantizar una respuesta efectiva en la lucha contra el lavado de dinero.
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