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¿Qué medidas se toman para supervisar a las entidades que no cumplen con las regulaciones de ALD en Chile?
Chile lleva a cabo inspecciones y auditorías regulatorias para supervisar y evaluar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las instituciones financieras y no financieras. Se impondrán sanciones a quienes no cumplan con las normativas.
¿Cómo se evalúa el impacto de los tratados de libre comercio en la debida diligencia en Chile?
Los tratados de libre comercio pueden influir en la debida diligencia en Chile al abrir oportunidades comerciales y afectar las condiciones para importar y exportar. La debida diligencia debe considerar cómo estos acuerdos pueden impactar la transacción.
¿Qué medidas se toman para garantizar que las PEP no influyan indebidamente en la administración de justicia en Chile?
Para garantizar que las PEP no influyan indebidamente en la administración de justicia en Chile, se promueve la independencia del poder judicial, se evita la interferencia política en los casos judiciales y se protege la imparcialidad de jueces y fiscales. El sistema legal debe operar libre de influencias externas.
¿Cuáles son las principales leyes de compliance en Chile?
Algunas de las leyes clave de compliance en Chile son la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley N° 20.205 sobre Gobierno Corporativo de Sociedades Anónimas.
¿Cuál es el procedimiento para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendador en Chile?
Para notificar la terminación anticipada del contrato, el arrendador generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
¿Cómo se gestiona la privacidad de los antecedentes judiciales en las investigaciones criminales en Chile?
La privacidad de los antecedentes judiciales en las investigaciones criminales en Chile es fundamental. Los investigadores y las autoridades deben seguir procedimientos legales y cumplir con las leyes de protección de datos. La información sobre antecedentes judiciales se utiliza como evidencia en casos criminales, pero su manejo debe ser legal y ético.
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