Artículos recomendados
¿Cuándo prescribe una deuda fiscal en Chile?
En Chile, la deuda fiscal prescribe después de cierto período de tiempo sin acción por parte del SII. El plazo de prescripción varía según el tipo de impuesto y la situación particular, pero suele oscilar entre 3 y 5 años desde la fecha en que se debe pagar el impuesto.
¿Puede el arrendador aumentar el llegar más allá del IPC si se realizan mejoras estructurales en la propiedad en Chile?
Si se realizan mejoras estructurales en la propiedad, el arrendador podría tener la opción de aumentar el llegar más allá del IPC, pero esto debe estar previamente acordado en el contrato y cumplir con los procedimientos legales.
¿Puede el arrendador negarse a renovar el contrato de arriendo en Chile?
El arrendador puede negarse a renovar el contrato de llegada al final de su plazo, siempre que lo haga respetando los plazos y condiciones establecidas en el contrato y las leyes vigentes.
¿Cuáles son las implicaciones crediticias de un embargo en Chile?
Un embargo puede afectar negativamente el historial crediticio del deudor y dificultar la obtención de crédito en el futuro.
¿Cuáles son los trámites para obtener un certificado de deuda de contribuciones de bienes raíces en Chile?
El certificado de deuda de contribuciones de bienes raíces en Chile se obtiene a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) o la Municipalidad correspondiente. Debes presentar una solicitud y cumplir con los requisitos específicos para obtener este certificado, que muestra las deudas pendientes en concepto de contribuciones de bienes raíces.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y el privado en la verificación en listas de riesgos en Chile?
La colaboración entre el sector público y el privado es fundamental en la verificación en listas de riesgos en Chile. Las autoridades reguladoras, como la SBIF y la UAF, trabajan en estrecha colaboración con empresas y entidades financieras para establecer regulaciones efectivas y garantizar el cumplimiento. Esto implica la comunicación regular, el intercambio de información relevante y la cooperación en investigaciones y casos de cumplimiento. La colaboración entre el sector público y el privado es esencial para abordar de manera efectiva las amenazas relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos financieros en el país.
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