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¿Cómo se promueve la participación del sector privado en la prevención del lavado de dinero en Chile?
Chile fomenta la participación activa del sector privado en la prevención del lavado de dinero a través de asociaciones y grupos de trabajo que permiten la colaboración entre empresas y autoridades gubernamentales.
¿Cuál es la relación entre el RUT y el Registro Nacional de Deudores Morosos en Chile?
El RUT se relaciona con el Registro Nacional de Deudores Morosos en Chile al identificar a las personas con deudas impagas, lo que puede afectar su capacidad para obtener crédito o realizar transacciones financieras.
¿Puede un deudor solicitar la revisión de los términos de un acuerdo de cesión de bienes en Chile?
Un deudor puede solicitar la revisión de los términos de un acuerdo de cesión de bienes si considera que no son justos o que no cumplen con la ley.
¿Puede una persona con antecedentes judiciales rehabilitarse en Chile?
Sí, una persona con antecedentes judiciales en Chile puede buscar la rehabilitación a través de un proceso legal que puede incluir el cumplimiento de penas, la buena conducta y la participación en programas de reinserción. La rehabilitación puede ayudar a mejorar la situación legal y reducir el impacto de los antecedentes en la vida de una persona.
¿Qué obligaciones fiscales tienen las organizaciones sin fines de lucro en Chile?
Las organizaciones sin fines de lucro en Chile también tienen obligaciones fiscales, a pesar de su naturaleza no lucrativa. Deben presentar declaraciones de impuestos, como el Formulario 29, y cumplir con las normativas aplicables a su tipo de organización. Además, pueden optar por el estatuto de "donatarias autorizadas" para recibir donaciones deducibles de impuestos. Es importante que estas organizaciones comprendan sus obligaciones fiscales y mantengan registros precisos de sus actividades para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cuál es el plazo de notificación para la terminación del contrato por parte del arrendador en Chile?
El plazo de notificación para la terminación del contrato por parte del arrendador suele ser de 30, 60 o 90 días, según lo acordado en el contrato o por la ley local. Debe notificar por escrito al arrendatario.
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