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¿Qué sucede si un tercero compra bienes embargados en una subasta en Chile?
Si un tercero compra bienes embargados en una subasta, se convierte en el nuevo propietario de esos bienes y el producto de la venta se destina a cubrir la deuda pendiente.
¿Cómo se resuelven los casos de delitos contra la propiedad en el sistema judicial chileno?
Los casos de delitos contra la propiedad en Chile se resuelven a través de procesos judiciales que buscan determinar la responsabilidad y, en caso de condena, imponer sanciones proporcionales a la gravedad del delito.
¿Cuál es el proceso de otorgamiento de medidas de protección a menores en riesgo en Chile?
El otorgamiento de medidas de protección a menores en riesgo en Chile se realiza a través de un proceso judicial en el que se evalúa la situación y se determina la medida más adecuada.
¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros y documentación relacionada con la verificación de antecedentes en Chile?
Las mejores prácticas para mantener registros y documentación incluyen la creación de un sistema seguro de almacenamiento de registros que cumpla con las leyes de protección de datos. Los registros deben incluir el consentimiento del candidato, los informes de verificación y cualquier comunicación relacionada. También es importante establecer políticas de retención de registros para cumplir con los requisitos legales.
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con el comercio de piedras preciosas y metales en la prevención del lavado de dinero en Chile?
Chile aborda los riesgos asociados con el comercio de piedras preciosas y metales mediante regulaciones que requieren la debida diligencia en las transacciones y la identificación de los participantes en esta industria.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendatario debido a la venta de la propiedad en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a la venta de la propiedad, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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