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¿Cuál es la pena por el delito de coacción en Chile?
La coacción en Chile implica el uso de la fuerza o amenazas para obligar a alguien a hacer algo y puede conllevar penas de prisión.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la revisión de la pensión de alimentos si su capacidad de pago disminuye debido a una enfermedad o discapacidad?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar la revisión de la pensión de alimentos si su capacidad de pago disminuye debido a una enfermedad o discapacidad. Debe proporcionar pruebas médicas y económicas que respalden su solicitud. El tribunal consideró la situación y podría ajustar la pensión en consecuencia.
¿Cuál es la jurisdicción competente para resolver disputas relacionadas con un embargo en Chile?
La jurisdicción competente para resolver disputas relacionadas con un embargo es generalmente el tribunal local en el que se inició el proceso de embargo.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la obtención de licencias profesionales en Chile?
Los antecedentes judiciales pueden afectar la obtención de licencias profesionales en Chile, especialmente en campos que requieren un alto grado de responsabilidad o confianza, como la abogacía, la medicina o la contabilidad. Las autoridades reguladoras pueden evaluar los antecedentes de los solicitantes y tomar decisiones basadas en la idoneidad y la integridad.
¿Qué medidas se toman para prevenir el tráfico de influencias en la contratación pública relacionada con PEP en Chile?
Para prevenir el tráfico de influencias en la contratación pública relacionada con PEP en Chile, se establecen regulaciones que prohíben la interferencia indebida en los procesos de contratación y promueven la transparencia en la selección de contratistas. La igualdad de oportunidades es clave en este proceso.
¿Cuáles son las implicaciones de no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Chile?
El incumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos en Chile puede tener graves consecuencias. Las instituciones financieras y sus empleados pueden enfrentar sanciones administrativas, multas significativas y la pérdida de licencias para operar. Además, en casos graves, las personas involucradas pueden ser objeto de procesos penales que pueden resultar en prisión. La reputación de la institución también puede sufrir daños significativos.
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