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¿Cuál es el proceso para verificar antecedentes penales en Chile y cómo afecta a la contratación?
La verificación de antecedentes penales en Chile implica solicitar un certificado de antecedentes penales de la PDI. Los empleadores utilizan esta información para evaluar la idoneidad de un candidato y tomar decisiones informadas sobre la contratación, especialmente en puestos que requieren confianza y seguridad.
¿Qué es la regulación de visitas en Chile y cómo se establece?
La regulación de visitas se refiere a los derechos de visita de un padre no custodio. Se establece mediante acuerdo de las partes o por decisión judicial, considerando el interés del menor.
¿Cómo se evalúan los riesgos laborales en la debida diligencia en la industria manufacturera en Chile?
En la industria manufacturera en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos laborales, incluyendo el cumplimiento con regulaciones de seguridad en el trabajo, condiciones laborales, sindicatos y la prevención de accidentes laborales que puedan afectar la transacción.
¿Puede un deudor alimentario en Chile ser despedido de su trabajo debido a la deuda de alimentos?
En Chile, un empleador no puede despedir a un trabajador debido a una deuda de alimentos. Los deudores alimentarios tienen derechos laborales y no pueden ser despedidos por esa razón. Sin embargo, pueden enfrentar medidas de premio legal para garantizar el pago de la deuda.
¿Puede el arrendador el arriendo más aumentar allá del IPC si se mejoran las condiciones de la propiedad en Chile?
Si el arrendador mejora las condiciones de la propiedad, podría tener la opción de aumentar el llegar más allá del IPC, pero esto debe estar previamente acordado en el contrato y debe seguir los procedimientos legales.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de necesidad personal en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de necesidad personal, el arrendador generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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