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¿Cómo se establece la pensión compensatoria en Chile en casos de divorcio?
La pensión compensatoria se establece considerando la situación económica de las partes y la pérdida de oportunidades económicas que pueda sufrir uno de los cónyuges como resultado del divorcio.
¿Puede un empleador consultar los antecedentes judiciales de un empleado?
En Chile, un empleador puede solicitar la autorización de un empleado para consultar sus antecedentes judiciales si existen razones legítimas para hacerlo, como trabajos relacionados con la seguridad o la confianza. La consulta de antecedentes judiciales debe realizarse de manera legal y con el consentimiento del empleado.
¿Cuáles son los plazos para apelar una sentencia laboral en Chile?
Después de que se emita una sentencia en un caso laboral, las partes tienen un plazo para apelar. Generalmente, el plazo para apelar ante la Corte de Apelaciones es de 10 días hábiles a partir de la notificación de la sentencia. Es importante respetar estos plazos para ejercer el derecho de apelación.
¿Cómo se abordan los riesgos de ciberseguridad en la debida diligencia en proyectos de inversión en tecnología en Chile?
En proyectos de inversión en tecnología en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de ciberseguridad, incluyendo la seguridad de datos, la protección contra ataques cibernéticos, el cumplimiento con las regulaciones de privacidad y cómo se manejan las amenazas cibernéticas en la infraestructura tecnológica.
¿Qué medidas de seguridad y protección se implementan para las PEP en Chile?
Las PEP en Chile pueden estar en riesgo debido a su exposición pública. Por lo tanto, se implementan medidas de seguridad que incluyen la protección de su identidad, la seguridad personal y la seguridad de la información para resguardar su integridad y la de sus familias.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector educativo en Chile?
La prevención del lavado de activos en el sector educativo en Chile implica regulaciones específicas que requieren la identificación de estudiantes, profesores y otras partes involucradas en transacciones educativas. Las instituciones educativas deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en el ámbito educativo.
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