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¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes penales y los antecedentes civiles en Chile?
Los antecedentes penales en Chile se refieren a los registros de condenas y actividades delictivas de una persona en el sistema de justicia penal, mientras que los antecedentes civiles incluyen información sobre asuntos legales no relacionados con delitos, como disputas contractuales, demandas civiles, divorcios y asuntos de familia. Ambos tipos de antecedentes se mantienen separados y tienen diferentes finalidades.
¿Cómo se actualiza la información de contacto asociada a un RUT en Chile?
La información de contacto asociada a un RUT en Chile se puede actualizar a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos o presentando una solicitud en las oficinas del SII.
¿Cómo se resuelven los casos de disputas entre arrendadores y arrendatarios en Chile?
Los casos de disputas entre arrendadores y arrendatarios en Chile se resuelven a través de procesos judiciales que buscan resolver cuestiones relacionadas con contratos de arriendo, desalojos y reparaciones de viviendas.
¿Qué papel juega el Gobierno Corporativo en el compliance en Chile?
El Gobierno Corporativo es fundamental en el compliance chileno, ya que establece las estructuras de toma de decisiones y la rendición de cuentas en las empresas. La Ley N° 20.205 sobre Gobierno Corporativo de Sociedades Anónimas establece pautas específicas para la gobernanza de las empresas en Chile.
¿Cómo se evalúan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en el sector de energía eólica en Chile?
En el sector de energía eólica en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de seguridad, incluyendo la evaluación de los parques eólicos, la seguridad de las turbinas, el cumplimiento con las regulaciones de energía renovable y cómo se previenen los riesgos operativos y de seguridad en la generación de energía eólica.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
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