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¿Qué sucede si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a un desastre natural u otra emergencia?
Si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a un desastre natural u otra emergencia, debe notificar al tribunal y al beneficiario sobre su situación. El tribunal evaluará la situación y podría establecer un plan de pagos o reducir la pensión de acuerdo a la nueva capacidad de pago del deudor.
¿Cómo se garantiza la continuidad del negocio en el cumplimiento en Chile?
La garantía de la continuidad del negocio es esencial en el cumplimiento en Chile, especialmente en situaciones de crisis o desastres. Las empresas deben contar con planes de continuidad del negocio que incluyan medidas para mantener las operaciones en funcionamiento en caso de interrupciones. Esto implica la gestión de riesgos, la planificación de contingencia y la implementación de soluciones de recuperación de desastres. La continuidad del negocio contribuye a mantener la integridad y la ética empresarial incluso en situaciones adversas.
¿Puede un deudor solicitar la revisión de los costos legales asociados a un embargo en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar la revisión de los costos legales asociados a un embargo si considera que son excesivos o no se ajustan a la ley.
¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de agresiones sexuales en el ámbito laboral en Chile?
El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de agresiones sexuales en el ámbito laboral en Chile busca garantizar la seguridad de las personas afectadas, incluyendo la denuncia de los agresores y medidas de apoyo psicológico.
¿Cuál es el proceso de notificación de una demanda en Chile?
La notificación de una demanda en Chile se realiza a través de un oficial de justicia o por otros medios permitidos por la ley.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
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