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¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en el sector de la tecnología financiera (fintech) en Chile?
El sector de fintech en Chile está sujeto a regulaciones específicas para cumplir con los requisitos de KYC. Se están desarrollando soluciones digitales para que las fintech cumplan con eficacia en el proceso KYC y mantengan la seguridad.
¿Pueden los abuelos ser considerados deudores alimentarios en Chile?
Sí, en Chile, los abuelos pueden ser considerados deudores alimentarios si se establece que tienen la capacidad de proporcionar alimentos y los padres del beneficiario no pueden cumplir con la obligación. Esto generalmente ocurre en situaciones excepcionales.
¿Cuál es el proceso para el cambio de apellido en Chile?
El cambio de apellido en Chile se puede solicitar ante el Registro Civil a través de un proceso legal que requiere una justificación válida, como el reconocimiento de un hijo o una adopción.
¿Cómo se declaran y gravan los ingresos por alquiler de propiedades en Chile?
Los ingresos por alquiler de propiedades en Chile se declaran y gravan en la declaración anual de la Renta. Los propietarios deben incluir estos ingresos y pueden deducir gastos relacionados con las propiedades, como intereses hipotecarios y reparaciones. Calcular correctamente los impuestos sobre los ingresos de alquiler es fundamental para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en las transacciones comerciales en Chile?
La debida diligencia en las transacciones comerciales es crucial en el cumplimiento chileno para evaluar y mitigar riesgos asociados con socios comerciales, fusiones y adquisiciones. Las empresas deben investigar minuciosamente a terceros antes de realizar transacciones para evitar problemas legales y éticos.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de necesidad personal en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de necesidad personal, el arrendador generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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