Artículos recomendados
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene gastos médicos significativos?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si enfrenta gastos médicos significativos que afecten su capacidad de pago. Debe presentar pruebas de los gastos médicos y justificar la necesidad de la reducción ante el tribunal.
¿Cuáles son los costos asociados a la debida diligencia en Chile?
Los costos de la debida diligencia en Chile varían según la complejidad y alcance de la transacción. Incluyen honorarios de profesionales, costos de viaje, costos de investigación y otros gastos relacionados con el proceso de debida diligencia.
¿Qué sucede si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a un desastre natural u otra emergencia?
Si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a un desastre natural u otra emergencia, debe notificar al tribunal y al beneficiario sobre su situación. El tribunal evaluará la situación y podría establecer un plan de pagos o reducir la pensión de acuerdo a la nueva capacidad de pago del deudor.
¿Cuál es el papel de un administrador de la quiebra en Chile después de un embargo?
Un administrador de la quiebra se encarga de gestionar y liquidar los activos del deudor después de un embargo, distribuyendo los fondos a los acreedores de acuerdo con la ley.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en Chile para el acceso a servicios de salud?
Un embargo generalmente no afecta el acceso a servicios de salud, ya que la atención médica es un derecho fundamental y no está relacionada con el historial crediticio del deudor.
¿Qué iniciativas ha implementado Chile para fortalecer la cooperación entre el sector público y el sector privado en la prevención del lavado de activos?
Chile ha promovido la cooperación entre el sector público y el sector privado a través de la creación de mesas de trabajo y grupos de diálogo. Estas iniciativas permiten un intercambio constante de información y mejores prácticas entre las autoridades, las instituciones financieras, las empresas y otras entidades. Esta colaboración contribuye a una respuesta más efectiva en la prevención del lavado de activos.
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