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¿Qué sucede si el beneficiario de una pensión de alimentos se muda al extranjero?
Si el beneficiario de una pensión de alimentos se muda al extranjero, la obligación de pago de alimentos generalmente continúa. El deudor alimentario sigue siendo responsable de cumplir con la sentencia, y la ejecución de la sentencia puede realizarse en el extranjero si es necesario.
¿Qué derechos tienen los ciudadanos para apelar o impugnar sus antecedentes judiciales en Chile?
Los ciudadanos tienen el derecho de apelar o impugnar sus antecedentes judiciales en Chile si consideran que existe un error o una injusticia en su historial. Pueden presentar recursos legales y trabajar con un abogado para impugnar los antecedentes. El proceso de apelación puede variar según la situación y el tipo de antecedente.
¿Puedo solicitar un acuerdo de pago para deudas fiscales en cuotas si estoy en el Registro de Deudores de Impuestos?
Sí, incluso si estás en el Registro de Deudores de Impuestos, puedes solicitar un acuerdo de pago con el SII. El SII evaluará tu situación financiera y puede ofrecer un plan de pago en cuotas para ayudarte a liquidar tus deudas de manera más manejable.
¿Qué medidas se toman para proteger la Clave Única de los ciudadanos en Chile?
La Clave Única se protege a través de medidas de seguridad, como contraseñas fuertes y la activación de la autenticación de dos factores. Los ciudadanos son responsables de mantener su Clave Única segura y no compartirla con terceros para evitar el uso no autorizado.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene gastos médicos significativos?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si enfrenta gastos médicos significativos que afecten su capacidad de pago. Debe presentar pruebas de los gastos médicos y justificar la necesidad de la reducción ante el tribunal.
¿Cómo se promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos en Chile?
Chile promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos a través de la participación activa de las empresas en la detección y prevención de operaciones sospechosas. Se fomenta la debida diligencia y la capacitación de los empleados en la identificación de actividades ilícitas. Las empresas están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se organizan reuniones y mesas de trabajo entre las autoridades y el sector privado para el intercambio de información y mejores prácticas.
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