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¿Qué pasa si un deudor alimentario no cumple con la sentencia del tribunal en Chile?
Si un deudor alimentario no cumple con la sentencia del tribunal, el beneficiario puede solicitar medidas de apremio, como el embargo de bienes, retención de sueldo o el arresto del deudor. También puede presentar denuncias para que se apliquen sanciones civiles.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad y ya no depende económicamente del deudor. Sin embargo, esta extinción no es automática y debe ser autorizada por el tribunal.
¿Qué derechos tiene el deudor en términos de privacidad durante un proceso de embargo en Chile?
El deudor tiene derechos a la privacidad que deben ser respetados por las autoridades y el acreedor, evitando la divulgación innecesaria de información personal.
¿Qué agencias mantienen los registros de antecedentes judiciales?
En Chile, los registros de antecedentes judiciales son mantenidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Estas agencias son responsables de recopilar y mantener la información relacionada con las actividades legales y criminales de los ciudadanos.
¿Qué sucede si una de las partes no puede cumplir con sus obligaciones en un contrato de venta en Chile?
Si una de las partes no puede cumplir con sus obligaciones en un contrato de venta en Chile, es fundamental comunicarse con la otra parte de inmediato. Dependiendo de la situación, las partes pueden negociar una extensión del plazo o un plan de pago alternativo. En caso de incumplimiento grave, la parte afectada puede buscar una solución legal.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en sectores de alto riesgo en Chile?
Chile ha implementado medidas específicas para abordar la prevención del lavado de activos en sectores de alto riesgo, como el inmobiliario y el de juegos de azar. Esto incluye regulaciones adicionales que exigen la debida diligencia reforzada y la identificación de operaciones sospechosas en estos sectores. Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las normativas.
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