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¿Cómo se realiza la notificación de resoluciones judiciales en Chile?
Las resoluciones judiciales en Chile se notifican a las partes a través de diversas formas, incluyendo cédulas, oficiales de justicia y sistemas electrónicos.
¿Cuál es el procedimiento para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendador en Chile?
Para notificar la terminación anticipada del contrato, el arrendador generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
¿Qué son los regímenes especiales y exenciones fiscales en Chile?
En Chile, existen regímenes especiales y exenciones fiscales que pueden aplicarse a ciertas actividades económicas o situaciones. Estos regímenes pueden implicar tasas impositivas reducidas, beneficios fiscales o exenciones de impuestos en sectores específicos. Los contribuyentes deben entender cuándo y cómo pueden acceder a estos regímenes y exenciones para mantener buenos antecedentes fiscales y aprovechar los beneficios fiscales disponibles.
¿Cuáles son las implicaciones del embargo en Chile para el acceso a servicios financieros en el futuro?
Un embargo puede dificultar el acceso a servicios financieros en el futuro, ya que afecta la calificación crediticia del deudor y su capacidad para obtener crédito.
¿Qué relación existe entre las regulaciones de PEP en Chile y las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras?
Las regulaciones de PEP en Chile están estrechamente relacionadas con las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras. Estas últimas deben identificar y verificar a los clientes que puedan ser PEP y tomar medidas para mitigar los riesgos asociados.
¿Cuál es el proceso de notificación de una terminación anticipada del contrato por parte del arrendador por razones de venta en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de venta, el arrendador generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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