Artículos recomendados
¿Se puede obtener un RUT en línea o solo de manera presencial?
En Chile, es posible obtener un RUT tanto en línea a través del sitio web del SII como de manera presencial en las oficinas del SII o en entidades autorizadas.
¿Qué diferencias existen en la verificación de antecedentes entre empleadores en el sector público y privado en Chile?
Tanto en el sector público como en el privado en Chile, la verificación de antecedentes sigue pautas similares en términos de obtención de consentimiento y protección de datos. Sin embargo, en el sector público, pueden existir requisitos y regulaciones específicas relacionadas con el acceso a información confidencial o clasificada, lo que puede requerir verificaciones más detalladas.
¿Puede un deudor solicitar una extensión de los plazos de pago en un proceso de embargo en Chile?
Sí, en ciertos casos, un deudor puede solicitar una extensión de los plazos de pago si tiene dificultades para cumplir con los plazos originales.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la verificación de antecedentes en el ámbito de la diversidad funcional en Chile?
La verificación de antecedentes debe cumplir con las leyes de igualdad y no discriminación en Chile, lo que incluye la no discriminación basada en la diversidad funcional. Los empleadores no deben tomar decisiones de contratación basadas en la diversidad funcional del candidato y deben aplicar criterios justos y relevantes a todos los candidatos, independientemente de su situación funcional. La inclusión de personas con diversidad funcional en el lugar de trabajo es un principio legal en Chile.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en Chile para la posibilidad de solicitar préstamos personales futuros?
Un embargo puede dificultar la posibilidad de solicitar préstamos personales en el futuro, ya que afecta negativamente el historial crediticio del deudor.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
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