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¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la inversión en bienes raíces en Chile?
La inversión en bienes raíces en Chile puede tener implicaciones fiscales. Los ingresos por arriendo de propiedades están sujetos al Impuesto Único de Segunda Categoría, y la venta de propiedades puede estar sujeta al Impuesto a la Renta. Además, los propietarios de bienes raíces pueden estar sujetos al Impuesto Territorial. Comprender cómo se gravan las inversiones en bienes raíces y cumplir con las obligaciones fiscales es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cuál es el proceso de insolvencia o quiebra en Chile?
El proceso de insolvencia o quiebra en Chile es un procedimiento legal en el que una persona o empresa declara su incapacidad para pagar sus deudas y busca la reestructuración o liquidación de activos.
¿Qué es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile?
La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, lo que significa que las empresas pueden ser sancionadas por la comisión de ciertos delitos, como corrupción y lavado de dinero, si se demuestra que no tenían adecuados sistemas de prevención y control.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene hijos de un nuevo matrimonio o relación?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene hijos de un nuevo matrimonio o relación y puede demostrar que esta responsabilidad afecta su capacidad de pago. Debe presentar pruebas de la nueva situación y justificar la necesidad de la reducción ante el tribunal.
¿Cuáles son las causas comunes para un embargo en Chile?
Las causas comunes para un embargo en Chile incluyen deudas impagadas, incumplimiento de contratos, sentencias judiciales y deudas tributarias.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendatario en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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