Artículos recomendados
¿Cómo se monitorea el uso de fondos públicos por parte de las PEP en Chile?
El uso de fondos públicos por parte de las PEP en Chile se monitorea a través de auditorías, controles internos, y la revisión constante de gastos y presupuestos. Además, se fomenta la transparencia en la gestión de fondos públicos y se exige la rendición de cuentas.
¿Cómo se actualiza la información de contacto asociada a un RUT en Chile?
La información de contacto asociada a un RUT en Chile se puede actualizar a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos o presentando una solicitud en las oficinas del SII.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la condonación de multas e intereses en Chile?
La condonación de multas e intereses en Chile es una medida excepcional que puede solicitarse al Servicio de Impuestos Internos (SII). El SII evaluará la solicitud y la situación financiera del contribuyente. La solicitud debe fundamentarse adecuadamente y estar respaldada por documentación relevante.
¿Puede una empresa chilena operar sin un RUT de persona jurídica?
No, una empresa chilena no puede operar legalmente sin un RUT de persona jurídica. Este número es fundamental para la tributación y la realización de transacciones comerciales.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los dividendos en Chile?
Los dividendos son pagos realizados a los accionistas por las ganancias de una empresa. En Chile, los dividendos están sujetos a un impuesto llamado Impuesto Global Complementario (IGC). El IGC se calcula en función de los dividendos recibidos y de otros ingresos del contribuyente. Los accionistas deben declarar y pagar el IGC sobre los dividendos que reciben. Comprender el tratamiento fiscal de los dividendos es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cuál es el proceso de notificación de una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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