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¿Qué recursos legales tiene un beneficiario si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos a pesar de las medidas de apremio?
Si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos a pesar de las medidas de apremio, el beneficiario puede solicitar al tribunal que tome acciones adicionales, como imponer multas, emitir órdenes de arresto u ordenar el embargo de bienes adicionales. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la sentencia.
¿Qué recursos legales tiene un beneficiario en Chile si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos y se encuentra en el extranjero?
Si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos y se encuentra en el extranjero, el beneficiario puede recurrir a acuerdos internacionales o tratados bilaterales para perseguir el cumplimiento de la sentencia en el país de residencia del deudor. También puede utilizar las autoridades competentes en Chile para solicitar medidas de apremio.
¿Qué diferencia hay entre embargo preventivo y ejecutivo en Chile?
El embargo preventivo se realiza antes de que exista una deuda concreta, mientras que el embargo ejecutivo se ejecuta para forzar el pago de una deuda ya existente.
¿Existen limitaciones en los aumentos de llegada en Chile?
Sí, en Chile existen limitaciones en los aumentos de llegada. La Ley de Arriendo establece que el arriendo no puede aumentar más allá del IPC (Índice de Precios al Consumidor) anual, a menos que el contrato lo permita.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en Chile para el acceso a servicios de salud?
Un embargo generalmente no afecta el acceso a servicios de salud, ya que la atención médica es un derecho fundamental y no está relacionada con el historial crediticio del deudor.
¿Qué sanciones se aplican a las PEP en Chile que incumplen las regulaciones relacionadas con la declaración de activos y conflictos de interés?
Las sanciones para las PEP en Chile que incumplen las regulaciones relacionadas con la declaración de activos y conflictos de interés pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y enjuiciamiento legal. Estas sanciones se aplican para garantizar la rendición de cuentas.
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