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¿Cuáles son las diferencias entre una demanda laboral individual y una colectiva en Chile?
Una demanda laboral individual se refiere a un trabajador que presenta una demanda en su nombre. En cambio, una demanda laboral colectiva es presentación por un grupo de trabajadores que enfrentan un problema laboral común, como un sindicato. Las demandas colectivas suelen involucrar a múltiples demandantes y pueden tener un alcance más amplio.
¿Qué protecciones tienen las mujeres embarazadas en el ámbito laboral en Chile?
En Chile, las mujeres embarazadas tienen protecciones legales, como la prohibición de despedirlas debido a su estado de embarazo. También tienen derecho a licencia médica prenatal y posnatal, así como a tiempos de lactancia. La legislación chilena busca proteger la maternidad en el entorno laboral.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en la supervisión de las actividades de las PEP en Chile?
La sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la supervisión de las actividades de las PEP en Chile. A través de la denuncia de irregularidades y la investigación periodística, contribuyen a mantener la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cuál es el proceso de regulación de visitas en casos de conflictos entre padres en Chile?
El proceso de regulación de visitas en casos de conflictos entre padres en Chile se lleva a cabo ante el tribunal de familia y busca establecer un régimen de visitas en el interés superior de los hijos.
¿Cuál es la penalización por el delito de tráfico de influencias en Chile?
El tráfico de influencias en Chile implica aprovechar la posición para obtener beneficios personales y puede conllevar sanciones legales, incluyendo penas de prisión.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector educativo en Chile?
La prevención del lavado de activos en el sector educativo en Chile implica regulaciones específicas que requieren la identificación de estudiantes, profesores y otras partes involucradas en transacciones educativas. Las instituciones educativas deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en el ámbito educativo.
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