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¿Cómo pueden las empresas chilenas garantizar la integridad y la prevención del soborno en el cumplimiento normativo?
Las empresas pueden promover la integridad y prevenir el soborno mediante la implementación de programas de cumplimiento normativo que incluyan políticas anticorrupción, capacitación y monitoreo. Cumplir con la Ley Nº 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es fundamental para prevenir el soborno y la corrupción.
¿Quiénes deben tener un RUT en Chile?
Todas las personas que realizan actividades económicas o necesitan identificarse ante entidades públicas o privadas deben tener un RUT en Chile.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con PEP en Chile?
La cooperación internacional es fundamental para rastrear y recuperar activos ilícitos que pueden estar en el extranjero. Chile trabaja en colaboración con otras naciones y organismos internacionales para combatir eficazmente el lavado de dinero.
¿Cuál es la diferencia entre un registro de antecedentes penales y una orden de arresto en Chile?
Un registro de antecedentes penales en Chile es un registro de condenas y procesos judiciales pasados de una persona. En cambio, una orden de arresto es una solicitud emitida por un tribunal para la detención de una persona en relación con un caso judicial pendiente. Un registro de antecedentes penales muestra condenas pasadas, mientras que una orden de arresto indica la necesidad de comparecer ante la justicia.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la anulación de una sentencia de alimentos?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la anulación de una sentencia de alimentos en circunstancias excepcionales, como si se demuestra que la sentencia fue obtenida de manera fraudulenta o si se presentan pruebas sólidas de que la sentencia ya no es justa o necesaria. La anulación es un proceso legal complejo y no es común.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los menores en Chile?
Los menores tienen derecho a ser cuidados y protegidos por sus padres o tutores legales. También tienen derechos a la educación, salud y participación en decisiones que les afecten.
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