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¿Qué regulaciones específicas existen en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la construcción?
En el sector de la construcción en Chile, existen regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos. Las empresas constructoras deben realizar debida diligencia al identificar a sus clientes y contratistas, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto ayuda a evitar que el sector de la construcción sea utilizado para lavar activos ilícitos.
¿Cuáles son los tribunales más importantes en Chile?
Los tribunales más importantes en Chile son la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los Juzgados de Letras.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de los contratos de arrendamiento en Chile?
Los contratos de arrendamiento en Chile pueden tener implicaciones fiscales para ambas partes, arrendador y arrendatario. Los ingresos por arriendo deben ser declarados y están sujetos al Impuesto Único de Segunda Categoría para el arrendador. Por otro lado, el arrendatario puede deducir los pagos de arrendamiento como gastos en determinadas circunstancias. Es importante cumplir con las regulaciones fiscales aplicables.
¿Puede un deudor solicitar un aplazamiento de la subasta en un proceso de embargo en Chile?
Sí, en algunos casos, un deudor puede solicitar un aplazamiento de la subasta para ganar más tiempo y buscar alternativas para resolver la deuda.
¿Cómo se enfrenta el riesgo de lavado de dinero en el sector financiero chileno?
El sector financiero chileno enfrenta el riesgo de lavado de dinero mediante el cumplimiento de regulaciones específicas emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Esto incluye la implementación de sistemas de monitoreo y reporte de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de seguridad en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de seguridad, el arrendador generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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