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¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene gastos relacionados con el cuidado de los hijos beneficiarios, como guardería o colegio?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene gastos relacionados con el cuidado de los hijos beneficiarios, como guardería o colegio, y puede demostrar que estos gastos afectan su capacidad de pago. Debe presentar pruebas de estos gastos y justificar la necesidad de la reducción ante el tribunal.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas del sector de la minería en Chile?
Las empresas mineras en Chile están sujetas a regulaciones ambientales y de seguridad específicas. El cumplimiento normativo es fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las operaciones mineras, así como para evitar sanciones y conflictos con comunidades locales. El incumplimiento puede tener un impacto significativo en la reputación y la viabilidad de los proyectos mineros.
¿Cuál es el proceso de adopción internacional en Chile?
El proceso de adopción internacional en Chile implica seguir una serie de pasos que involucran la aprobación del SENAME (Servicio Nacional de Menores) y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional.
¿Qué sucede si el deudor no recibe notificación adecuada del proceso de embargo en Chile?
Si el deudor no recibe notificación adecuada, puede impugnar el embargo alegando falta de notificación y solicitar una revisión del proceso.
¿Cuál es el proceso de adopción internacional en Chile?
La adopción internacional en Chile está regulada por la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional y la legislación chilena. Se requiere la acreditación de agencias de adopción y procedimientos rigurosos.
¿Cómo se promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos en Chile?
Chile promueve la cooperación con el sector privado en la prevención del lavado de activos a través de la participación activa de las empresas en la detección y prevención de operaciones sospechosas. Se fomenta la debida diligencia y la capacitación de los empleados en la identificación de actividades ilícitas. Las empresas están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se organizan reuniones y mesas de trabajo entre las autoridades y el sector privado para el intercambio de información y mejores prácticas.
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