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¿Qué sanciones se aplican a las personas o entidades involucradas en actividades de lavado de dinero en Chile?
Las sanciones pueden incluir penas de cárcel, multas y la confiscación de activos. Además, las personas o entidades sancionadas pueden ser incluidas en listas de personas prohibidas, lo que restringe su participación en actividades financieras.
¿Puede un deudor solicitar una prórroga de plazo para presentar una solicitud de consolidación de deuda en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar una prórroga de plazo si necesita más tiempo para reunir la información y presentar una solicitud de consolidación de deuda.
¿Cómo se abordan los casos de derechos humanos en el sistema judicial chileno?
Los casos relacionados con derechos humanos en Chile se resuelven a través de procesos judiciales que buscan establecer responsabilidades por violaciones a los derechos fundamentales y otorgar reparación a las víctimas.
¿Cómo se aborda la protección de datos y la privacidad de los clientes extranjeros en el proceso KYC en instituciones financieras chilenas?
Las instituciones financieras chilenas deben cumplir con las regulaciones de protección de datos tanto para clientes nacionales como extranjeros. Garantizan la privacidad y seguridad de los datos de todos los clientes, independientemente de su origen.
¿Qué sanciones puede imponer el tribunal en Chile si un deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos?
El tribunal en Chile puede imponer sanciones como el embargo de bienes del deudor, la retención de sueldo, la imposición de multas y, en casos extremos, la detención del deudor para asegurar el cumplimiento de la sentencia de alimentos. Las sanciones varían según la gravedad y la reincidencia del incumplimiento.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendador debido a la no renovación del seguro en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a la no renovación del seguro, el arrendador generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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