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¿Qué es el Registro de Deudores de Impuestos en Chile?
El Registro de Deudores de Impuestos (REDI) es una base de datos pública que enumera a personas y empresas que tienen deudas tributarias pendientes en Chile. Estar en REDI puede afectar la capacidad de realizar ciertas transacciones comerciales.
¿Qué sucede si una de las partes en un contrato de venta en Chile no puede cumplir debido a circunstancias imprevistas, como un caso de fuerza mayor?
Si una de las partes no puede cumplir con el contrato debido a circunstancias imprevistas, como un caso de fuerza mayor, el contrato puede suspenderse o eximirse de responsabilidad por el incumplimiento temporal. Es importante que el contrato contemple cláusulas que aborden estos escenarios y establezcan las consecuencias en caso de eventos imprevistos.
¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes judiciales en Chile?
El proceso de revisión de antecedentes judiciales en Chile implica solicitar una copia de los registros al Servicio de Registro Civil e Identificación o utilizar el Portal de Consultas de Antecedentes en línea. Es importante proporcionar la autorización necesaria y pagar las tarifas correspondientes. Los registros proporcionados pueden incluir detalles sobre arrestos, condenas y medidas judiciales.
¿Qué regulaciones existen para prevenir el lavado de dinero en el mercado de valores de Chile?
El mercado de valores en Chile está sujeto a regulaciones de AML que requieren la identificación de los inversores y la vigilancia de las transacciones. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) supervisa el cumplimiento de estas regulaciones.
¿Qué ocurre con los bienes embargados en Chile?
Los bienes embargados son retenidos por el tribunal y pueden ser vendidos en una subasta pública para pagar la deuda al acreedor.
¿Cuál es el procedimiento para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendador en Chile?
Para notificar la terminación anticipada del contrato, el arrendador generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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