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¿Cómo se manejan los casos de abuso sexual infantil en Chile?
Los casos de abuso sexual infantil en Chile se investigan y juzgan a través de procesos judiciales específicos, con el objetivo de proteger a los niños y sancionar a los agresores.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o inicia una nueva relación económica estable?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos en Chile si puede demostrar que el beneficiario se ha casado o ha iniciado una nueva relación económica estable que le permite satisfacer sus necesidades básicas sin la pensión. Sin embargo, esta extinción debe ser autorizada por el tribunal.
¿Cómo se abordan los casos de negligencia médica en el sistema judicial chileno?
Los casos de negligencia médica en Chile se resuelven a través de procesos judiciales que buscan establecer la responsabilidad de los profesionales de la salud y otorgar compensación a las víctimas, con un enfoque en la calidad de la atención médica.
¿Cuál es la diferencia entre un registro de antecedentes penales y una orden de arresto en Chile?
Un registro de antecedentes penales en Chile es un registro de condenas y procesos judiciales pasados de una persona. En cambio, una orden de arresto es una solicitud emitida por un tribunal para la detención de una persona en relación con un caso judicial pendiente. Un registro de antecedentes penales muestra condenas pasadas, mientras que una orden de arresto indica la necesidad de comparecer ante la justicia.
¿Cuáles son las leyes en Chile en torno a la maternidad subrogada?
La maternidad subrogada es ilegal en Chile, y no está regulada por la ley. No se permite la gestación por sustitución en el país.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendatario en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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