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¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad y ya no depende económicamente del deudor. Sin embargo, esta extinción no es automática y debe ser autorizada por el tribunal.
¿Qué sanciones existen para el delito de obstrucción a la investigación en Chile?
La obstrucción a la investigación en Chile implica interferir con procedimientos legales y puede conllevar sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión.
¿Qué deben tomar las empresas chilenas para garantizar la transparencia y la ética en las relaciones con sus proveedores?
Las empresas en Chile pueden garantizar la transparencia y la ética en las relaciones con proveedores mediante la implementación de políticas de ética en la cadena de suministro, auditorías y debida diligencia en la selección de proveedores. El cumplimiento normativo se relaciona con la prevención de soborno y corrupción en las relaciones comerciales.
¿Qué sucede si el arrendador quiere vender la propiedad durante el contrato de arriendo en Chile?
Si el arrendador quiere vender la propiedad durante el contrato de Arriendo, generalmente debe respetar el derecho de preferencia del arrendatario, que le permite comprarla en igualdad de condiciones que un tercero.
¿Qué recursos legales tiene un deudor alimentario en Chile si considera que la pensión de alimentos es injusta o inadecuada?
Si un deudor alimentario considera que la pensión de alimentos es injusta o inadecuada, puede solicitar al tribunal la revisión de la sentencia. Debe presentar pruebas y argumentos que respalden su solicitud y el tribunal evaluará el caso antes de tomar una decisión.
¿Qué medidas de prevención existen en Chile para evitar la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales?
En Chile, se aplican medidas de prevención para evitar la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales. Esto incluye el acceso restringido a las bases de datos de antecedentes, la capacitación de personal en la protección de datos y la supervisión de las consultas de antecedentes para garantizar que sean legales y autorizadas. Las sanciones legales por uso indebido también actúan como disuasión.
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