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¿Cuáles son las consecuencias para un deudor alimentario en Chile?
Las consecuencias para un deudor alimentario en Chile pueden incluir multas, arresto, embargo de bienes y restricciones en la obtención de crédito. También puede enfrentar demandas legales y sanciones adicionales. Además, su deuda de alimentos acumulada no prescribe.
¿Cuáles son las etapas de un proceso judicial en Chile?
Las etapas típicas incluyen la presentación de la demanda, la audiencia de conciliación, la prueba y la sentencia final.
¿Cómo se aborda la gestión de crisis en el contexto del cumplimiento en Chile?
La gestión de crisis es fundamental en el cumplimiento chileno. Las empresas deben tener planes de crisis que aborden situaciones como violaciones graves de cumplimiento, escándalos públicos o desastres naturales. La respuesta a crisis debe ser rápida, efectiva y ética para proteger la empresa y sus partes interesadas.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el cumplimiento normativo de la industria del juego en Chile?
La SCJ supervisa y regula la industria de los casinos de juego en Chile. Las empresas en este sector deben cumplir con regulaciones específicas relacionadas con la operación de casinos, la prevención del lavado de dinero y la promoción del juego responsable. El incumplimiento puede resultar en sanciones y la revocación de licencias.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o inicia una nueva relación económica estable?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos en Chile si puede demostrar que el beneficiario se ha casado o ha iniciado una nueva relación económica estable que le permite satisfacer sus necesidades básicas sin la pensión. Sin embargo, esta extinción debe ser autorizada por el tribunal.
¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile?
El proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile implica la identificación y clasificación de las PEP, la evaluación de su exposición a riesgos de corrupción y lavado de dinero, y la implementación de medidas proporcionales para mitigar esos riesgos.
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