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¿Cuál es el marco legal para combatir el lavado de activos en Chile?
Chile cuenta con una sólida base legal para combatir el lavado de activos, incluyendo la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y la Ley N° 20.393 que establece normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, existen regulaciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile que establecen procedimientos y obligaciones en este ámbito.
¿Qué papel desempeñan las sanciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos en Chile?
Las sanciones internacionales son un componente importante en la lucha contra el lavado de activos en Chile. Chile se adhiere a sanciones impuestas por organismos internacionales y trabaja en conjunto con otras naciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Esto ayuda a cerrar posibles rutas de financiamiento ilícito ya mantener la integridad del sistema financiero.
¿Qué derechos tiene el deudor para presentar pruebas en su defensa en un proceso de embargo en Chile?
El deudor tiene el derecho de presentar pruebas y argumentos en su defensa para impugnar el embargo y demostrar que es injusto o inapropiado.
¿Cuál es el papel del RUT en la emisión de boletas de honorarios en Chile?
El RUT se utiliza en la emisión de boletas de honorarios en Chile para identificar al emisor de la boleta y al receptor del servicio, lo que es esencial para la facturación y la tributación.
¿Cuál es el proceso para obtener un RUT para una entidad de investigación en Chile?
El proceso para obtener un RUT para una entidad de investigación en Chile implica la presentación de la documentación legal de la entidad de investigación y la solicitud en el Servicio de Impuestos Internos.
¿Qué medidas se toman para evitar el conflicto de intereses en la toma de decisiones de las PEP en el ámbito de la salud en Chile?
Para evitar el conflicto de intereses en la toma de decisiones de las PEP en el ámbito de la salud en Chile, se establecen regulaciones que requieren la divulgación de intereses económicos y la abstención de participar en decisiones que puedan beneficiar a familiares o intereses personales. Esto garantiza la integridad en la gestión de la salud pública.
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