MIGUEL DARIO GUEVARA BURGOS

Perfil de Miguel Dario Guevara Burgos

Estado Registro Mercantil CANCELADA
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

Artículos recomendados

¿Cómo se promueve la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de procesos gubernamentales y proyectos de desarrollo, especialmente en la detección temprana de posibles riesgos relacionados con PEP?

La participación activa de la sociedad civil en la supervisión de procesos gubernamentales y proyectos de desarrollo se promueve mediante la implementación de mecanismos que permitan la colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Se establecen espacios de diálogo y consulta que involucren a la sociedad civil en la toma de decisiones y la supervisión de proyectos. La divulgación de información relevante y la capacitación de la sociedad civil en la identificación de posibles riesgos relacionados con PEP contribuyen a la detección temprana de irregularidades. La promoción de la transparencia y la participación ciudadana fortalece la rendición de cuentas y garantiza que la sociedad tenga un papel activo en la vigilancia de la integridad en la gestión gubernamental y en la implementación de proyectos de desarrollo.

¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Colombia?

El tráfico de personas está penado en Colombia por la Ley 985 de 2005. Las penas pueden incluir prisión y multas. La legislación busca prevenir y sancionar este delito que implica el reclutamiento, transporte o recepción de personas con multas de explotación, protegiendo los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

¿Qué recursos legales tienen los contribuyentes para impugnar decisiones tributarias en Colombia?

En Colombia, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar decisiones tributarias desfavorables. Pueden presentar recursos de reconsideración ante la DIAN y, si es necesario, recurrir a instancias judiciales. La jurisdicción contencioso-administrativa es la encargada de resolver disputas tributarias. Es fundamental contar con asesoramiento legal especializado al impugnar decisiones tributarias para maximizar las posibilidades de éxito y garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en cuanto a la entrega de servicios públicos en un contrato de arrendamiento en Colombia?

Las obligaciones del arrendador en cuanto a la entrega de servicios públicos deben estar detalladas en el contrato de arrendamiento en Colombia. Esto puede incluir el suministro y mantenimiento de servicios como agua, electricidad, gas y servicios de saneamiento. El contrato debe especificar claramente quién asume los costos de estos servicios, qué sucede en caso de interrupciones y cómo se manejarán los ajustes en el arriendo en caso de cambios en los costos de los servicios públicos. Asegurarse de que estas obligaciones estén bien definidas garantiza que el arrendatario reciba los servicios necesarios para la habitabilidad del inmueble y evita malentendidos entre las partes.

¿Qué medidas preventivas pueden tomar las empresas para mantener buenos antecedentes fiscales en Colombia?

Las empresas en Colombia pueden tomar varias medidas preventivas para mantener buenos antecedentes fiscales, como llevar una contabilidad precisa y actualizada, cumplir con los plazos de presentación de declaraciones de impuestos, buscar asesoramiento profesional para optimizar la carga tributaria y participar en auditorías internas para identificar posibles problemas antes de que se conviertan en asuntos más graves. Estas prácticas pueden contribuir a evitar sanciones y mantener una buena reputación fiscal.

¿Qué sanciones pueden enfrentar las Personas Expuestas Políticamente en Colombia en caso de actividades ilícitas?

En caso de que una Persona Expuesta Políticamente en Colombia esté involucrada en actividades ilícitas como corrupción, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, puede enfrentar diversas sanciones legales. Estas sanciones pueden incluir la pérdida de cargos públicos, multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro, investigaciones penales y posibles condenas de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos cometidos.

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