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¿Cuál es el enfoque de Colombia para la adopción de estándares internacionales en materia de KYC?
Colombia busca alinearse con estándares internacionales en el KYC para fortalecer la integridad del sistema financiero. Esto incluye la armonización con recomendaciones de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la implementación de prácticas que promuevan la cooperación global en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las penas por delitos de terrorismo en Colombia?
Los delitos de terrorismo están penados en Colombia por la Ley 1453 de 2011 y otras normativas. Las penas por actos terroristas son severas, incluyendo largas condenas de prisión. La legislación busca proteger la seguridad nacional y prevenir acciones que pongan en peligro la paz y la estabilidad del país.
¿Qué es la Cédula de Ciudadanía Digital en Colombia?
La Cédula de Ciudadanía Digital en Colombia es una versión electrónica de la cédula de ciudadanía física, que permite a los ciudadanos colombianos acceder a servicios en línea, realizar trámites y firmar documentos digitalmente.
¿Cuál es la función de la Tarjeta de Registro Consular en Colombia?
La Tarjeta de Registro Consular en Colombia es un documento que permite a los ciudadanos colombianos residentes en el exterior obtener asistencia y protección consular por parte de las representaciones diplomáticas y consulares de Colombia.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos relacionados con PEP?
La debida diligencia es esencial para evaluar y mitigar los riesgos asociados con las PEP. Las instituciones financieras deben realizar una investigación exhaustiva sobre los clientes clasificados como PEP para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el alcance del derecho a la vivienda en Colombia?
El derecho a la vivienda en Colombia implica el acceso a una vivienda adecuada y digna. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar este derecho, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo programas de vivienda, políticas de acceso a la tierra y medidas de protección contra el desalojo arbitrario.
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