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¿Puede un deudor impugnar el proceso de embargo en Colombia?
Sí, un deudor tiene el derecho de impugnar el proceso de embargo presentando pruebas en su defensa ante el juez. La impugnación puede estar basada en errores procesales, falta de notificación adecuada o cualquier irregularidad que pueda afectar la validez del embargo.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la devolución del impuesto de delineación urbana en Colombia?
La devolución del impuesto de delineación urbana se solicita ante la entidad tributaria correspondiente. Debes presentar la solicitud, la documentación pertinente y cumplir con los requisitos establecidos para obtener la devolución.
¿Qué significa el término PEP y cuál es su relevancia en el ámbito político?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos o de relevancia pública. Su importancia radica en el mayor riesgo de estar involucrados en actividades de lavado de dinero, corrupción o financiamiento del terrorismo debido a su posición.
¿Cuál es el proceso para solicitar la tenencia compartida en casos de divorcio en Colombia?
Para solicitar la tenencia compartida en casos de divorcio en Colombia, se debe presentar una demanda ante un juez de familia. Se deben proporcionar razones sólidas y pruebas de que la tenencia compartida es en el mejor interés del menor. El juez evaluará las circunstancias y tomará una decisión basada en el bienestar del niño.
¿Qué ocurre si el deudor no puede pagar la deuda después de un embargo en Colombia?
Si el deudor no puede pagar la deuda después de un embargo en Colombia, puede entrar en un proceso de insolvencia o quiebra. En este caso, se llevará a cabo un procedimiento legal para determinar la distribución equitativa de los activos del deudor entre los acreedores, de acuerdo con las leyes colombianas aplicables.
¿Qué papel juegan las verificaciones de antecedentes en la contratación de personal para proyectos gubernamentales en Colombia?
En proyectos gubernamentales, las verificaciones son fundamentales para garantizar la integridad y capacidad de los contratistas. Se siguen los estándares éticos y legales para la selección de proveedores y contratistas en proyectos del sector público.
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