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¿Cómo se resuelven los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa en Colombia?
Los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa en Colombia se resuelven mediante el recurso de conflicto positivo o negativo de jurisdicciones, presentado ante el Consejo de Estado. Este determina cuál jurisdicción es competente para conocer del caso.
¿Existen medidas específicas para la protección de datos relacionados con antecedentes judiciales en Colombia?
Sí, la protección de datos personales, incluyendo antecedentes judiciales, está regulada en Colombia por la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Las entidades que manejan esta información deben seguir ciertos protocolos y garantizar la privacidad de los individuos.
¿Cuáles son los derechos fundamentales durante un juicio en Colombia?
Durante un juicio en Colombia, se garantizan derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a presentar pruebas.
¿Cómo se garantiza el derecho a la educación en Colombia?
El derecho a la educación en Colombia está garantizado para todas las personas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación gratuita y de calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior. Además, se promueve la inclusión, la equidad y la participación de todos los sectores de la población en el sistema educativo.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento para fines de contratación laboral en Colombia?
Como empleador, puedes obtener los antecedentes judiciales de una persona para fines de contratación laboral en Colombia. Sin embargo, debes cumplir con las leyes de protección de datos y obtener el consentimiento expreso de la persona antes de solicitar y revisar sus antecedentes judiciales.
¿Qué medidas se están tomando para fomentar la transparencia en la contratación de obras públicas por parte de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?
En Colombia, se están tomando medidas para fomentar la transparencia en la contratación de obras públicas por parte de las Personas Expuestas Políticamente. Esto incluye la implementación de procesos de licitación competitivos y abiertos, la divulgación de información sobre los proyectos de obras públicas, y la promoción de la participación ciudadana en la fiscalización de los procesos de contratación. Asimismo, se fortalecen los mecanismos de control y supervisión, se establecen reglas claras para prevenir conflictos de intereses y se aplican sanciones en caso de irregularidades o actos de corrupción en la contratación de obras públicas.
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