Diego Angulo Miranda

Perfil de Diego Angulo Miranda

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

Artículos recomendados

¿Cuáles son las implicaciones de la debida diligencia en el sector de educación en Colombia, especialmente en términos de cumplimiento normativo, calidad académica y gestión financiera?

En el sector de educación en Colombia, la debida diligencia debe abordar el cumplimiento normativo en educación, la calidad académica, la gestión financiera y la sostenibilidad operativa. Esto asegura que las instituciones educativas cumplan con estándares regulatorios y ofrezcan servicios educativos de alta calidad.

¿Qué se considera conflicto de intereses en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?

En el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia, el conflicto de intereses se refiere a una situación en la cual un funcionario público tiene un interés personal, financiero o familiar que podría influir en su toma de decisiones de manera contraria al interés público. Estos conflictos pueden surgir cuando los funcionarios tienen relaciones cercanas con personas o entidades que podrían beneficiarse de sus acciones o decisiones. La existencia de un conflicto de intereses puede comprometer la imparcialidad y la integridad en el ejercicio del poder político.

¿Puede un ciudadano colombiano cambiar su lugar de votación y cómo afecta esto a su cédula de ciudadanía?

Sí, los ciudadanos colombianos pueden cambiar su lugar de votación. Este cambio se realiza en la Registraduría, y si es aprobado, se actualiza la información en el sistema electoral. La cédula de ciudadanía no se ve afectada directamente, pero es necesario informar a la Registraduría sobre cualquier cambio de residencia para que la información esté actualizada en sus registros.

¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con PEP en el ámbito de la cooperación internacional, particularmente en proyectos de desarrollo financiados por organismos internacionales en Colombia?

En el ámbito de la cooperación internacional, especialmente en proyectos de desarrollo financiados por organismos internacionales en Colombia, se abordan los riesgos relacionados con PEP mediante la aplicación de protocolos y medidas de debida diligencia. Se establecen acuerdos y regulaciones claras para garantizar que los fondos destinados a proyectos de desarrollo sean utilizados de manera transparente y ética. Además, se promueve la colaboración activa entre entidades gubernamentales y organismos internacionales para compartir información y evaluar posibles riesgos. La gestión eficiente de estos riesgos no solo cumple con estándares internacionales, sino que también fortalece las relaciones de Colombia con la comunidad internacional y facilita la consecución de recursos para proyectos de desarrollo sostenible.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión y la promoción de la gestión de riesgos relacionados con PEP en Colombia?

La sociedad civil juega un papel fundamental en la supervisión y la promoción de la gestión de riesgos relacionados con PEP en Colombia. Las organizaciones y ciudadanos activos desempeñan un papel crucial al ejercer presión para la implementación de medidas efectivas, promover la transparencia y rendición de cuentas, y participar en iniciativas anticorrupción. La sociedad civil contribuye a mantener a las instituciones y empresas responsables, exigiendo la aplicación de estándares éticos y la prevención de prácticas ilícitas. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial para construir un entorno en el que la gestión de riesgos relacionados con PEP sea eficaz y transparente, y donde todas las partes interesadas trabajen juntas para fortalecer la integridad del país.

¿Qué es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia?

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es responsable de formular y ejecutar políticas en materia de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en Colombia. Su objetivo principal es promover el acceso a una vivienda digna, garantizar el desarrollo sostenible de las ciudades y mejorar la calidad de vida de los colombianos en materia de hábitat.

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