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¿Cuál es el impacto de la cuota alimentaria en casos de hijos mayores de edad que aún estudian en Colombia?
En casos de hijos mayores de edad que aún estudian en Colombia, el tribunal puede seguir requiriendo una cuota alimentaria si el alimentario continúa dependiendo económicamente de sus padres. Se considerarán los costos adicionales asociados con la educación superior. Es fundamental documentar y legalizar estos acuerdos para evitar malentendidos y disputas futuras, y para garantizar el acceso continuo a la educación del alimentario.
¿Cuáles son las sanciones por delitos de lesa humanidad en Colombia?
Los delitos de lesa humanidad, como genocidio y crímenes de guerra, son penados en Colombia por la legislación internacional adoptada. La Ley 589 de 2000 incorpora los principios del Estatuto de Roma y establece penas severas para quienes cometan estos crímenes atroces.
¿Cuáles son los pasos para obtener un permiso para la explotación de recursos hídricos en Colombia?
Obtener un permiso para la explotación de recursos hídricos se realiza ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Debes presentar un estudio de impacto ambiental, cumplir con regulaciones ambientales y obtener la aprobación para la explotación sostenible.
¿Existen programas de rehabilitación para individuos con antecedentes disciplinarios en Colombia?
Algunas entidades y programas en Colombia se centran en la rehabilitación de individuos con antecedentes disciplinarios, ofreciendo apoyo y oportunidades para reintegrarse de manera positiva a la sociedad y al empleo.
¿Cuáles son las penas por delitos informáticos en Colombia?
La Ley 1273 de 2009 define y sanciona los delitos informáticos en Colombia. Las penas por acceso no autorizado a sistemas informáticos, daños informáticos y otras infracciones relacionadas con la tecnología varían según la gravedad de la conducta y los daños causados.
¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Colombia?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Colombia son aquellas que ocupan o han ocupado cargos públicos relevantes, como funcionarios del gobierno, políticos, jueces, miembros de las fuerzas armadas y altos directivos de empresas estatales. Estas personas son consideradas de interés para los organismos reguladores y las instituciones financieras debido a su potencial exposición al riesgo de corrupción, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
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