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El delito de abuso de menores en Colombia se refiere a cualquier forma de maltrato físico, emocional o sexual contra niños y niñas. Las implicaciones legales pueden incluir acciones legales penales, penas de prisión prolongadas, medidas de protección y apoyo a las víctimas, programas de rehabilitación para los agresores, y acciones adicionales por violación de los derechos de los niños y la integridad personal.
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La continuidad y eficacia de las políticas de gestión de riesgos relacionados con PEP en el sector público de Colombia se aseguran mediante la implementación de marcos normativos sólidos y la promoción de una cultura de integridad. Estos marcos normativos deben trascender los cambios en la administración y ser diseñados para ser resistentes a las fluctuaciones políticas. Además, la capacitación continua del personal en todos los niveles del sector público garantiza que haya una comprensión profunda de los riesgos asociados con PEP y la importancia de las medidas preventivas. La colaboración entre diferentes partidos políticos y administraciones es crucial para garantizar que la gestión de riesgos relacionados con PEP sea una prioridad constante, independientemente de los cambios políticos.
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