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¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Colombia?
El tráfico de personas está penado en Colombia por la Ley 985 de 2005. Las penas pueden incluir prisión y multas. La legislación busca prevenir y sancionar este delito que implica el reclutamiento, transporte o recepción de personas con multas de explotación, protegiendo los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.
¿Cuáles son las sanciones por abuso sexual infantil en Colombia?
El abuso sexual infantil en Colombia está penado por la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia. Las penas por abuso sexual de menores son significativas y buscan proteger a los niños y adolescentes de situaciones de explotación y violencia sexual.
¿Qué garantías existen para la protección de los derechos de los niños y niñas en Colombia?
En Colombia, se establecen garantías para proteger los derechos de los niños y niñas. Estas garantías incluyen el derecho a la protección integral, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho a la participación, el derecho a la no discriminación y el derecho a la atención especializada en casos de vulneración de sus derechos.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la devolución del impuesto de industria y comercio en Colombia?
La devolución del impuesto de industria y comercio se solicita ante la Secretaría de Hacienda local. Debes presentar la solicitud, la documentación respaldatoria y cumplir con los requisitos establecidos para obtener la devolución.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en empresas con equipos de trabajo remotos en Colombia?
En empresas con equipos remotos, las verificaciones de antecedentes se realizan de manera virtual y segura. Se emplean herramientas digitales y protocolos en línea para garantizar la confidencialidad y autenticidad de la información, adaptándose a la dinámica de trabajo remoto en Colombia.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de fraude electoral en Colombia?
El delito de fraude electoral en Colombia se refiere a acciones fraudulentas realizadas durante los procesos electorales, como la manipulación de votos, la compra de votos o la alteración de resultados. Las consecuencias legales pueden incluir acciones legales penales, sanciones administrativas, nulidad de los resultados fraudulentos, inhabilitación para ejercer cargos públicos y acciones adicionales por violación de los derechos políticos y la democracia.
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