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¿Cómo se penaliza la difamación y la calumnia en Colombia?
La difamación y la calumnia están reguladas por el Código Penal colombiano. Las penas pueden incluir multas y prisión, y la gravedad de la sanción dependerá de factores como la difusión del hecho difamatorio y el daño causado a la reputación de la persona afectada.
¿Cuáles son las principales bolsas de valores en Colombia?
En Colombia, las principales bolsas de valores son la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Bolsa de Valores de Medellín (BVC-Medellín). Estas bolsas son importantes centros de negociación de valores, donde se realizan transacciones de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. La BVC es la bolsa más grande y representa a nivel nacional.
¿Cuál es el papel de la verificación de antecedentes en la promoción de la igualdad de género en empresas en Colombia?
La verificación de antecedentes desempeña un papel crucial en la promoción de la igualdad de género al garantizar que las decisiones de contratación se tomen sin sesgos. Se implementan procesos que evalúan las habilidades y experiencias relevantes, sin discriminación de género, contribuyendo a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral colombiano.
¿Cuál es el procedimiento para el reconocimiento de una unión marital de hecho en Colombia?
El reconocimiento de una unión marital de hecho en Colombia implica la presentación de una solicitud ante un juez de familia. Se deben aportar pruebas de la convivencia y del carácter público y notorio de la unión para obtener su reconocimiento legal.
¿Cómo pueden los individuos impugnar la información incorrecta en sus antecedentes disciplinarios en Colombia?
Los individuos tienen el derecho de impugnar la información incorrecta presentando evidencia de su corrección a la entidad correspondiente que realiza la verificación.
¿Qué se entiende por responsabilidad política en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?
La responsabilidad política en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia se refiere a la obligación que tienen los funcionarios públicos de asumir las consecuencias políticas y éticas de sus acciones. Esta responsabilidad implica que los funcionarios deben responder ante la ciudadanía y los órganos de control por sus decisiones, gestiones y posibles actos de corrupción. En casos de irregularidades o malas prácticas, los funcionarios pueden enfrentar censuras, juicios políticos, destituciones o la pérdida de la confianza de los ciudadanos.
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