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¿Cuáles son las medidas cautelares que puede dictar un juez en Colombia?
Un juez en Colombia puede dictar medidas cautelares como la retención de bienes, embargos preventivos o la suspensión de actividades para garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia.
¿Cuáles son las medidas contra el acoso cibernético en Colombia?
El acoso cibernético en Colombia se aborda mediante la Ley 1336 de 2009, que tipifica el delito de acoso cibernético. Se imponen sanciones para proteger la intimidad y la seguridad en línea. Además, se promueven medidas de prevención y concienciación sobre el uso responsable de la tecnología y redes sociales.
¿Cuál es el enfoque de las universidades colombianas respecto a los antecedentes disciplinarios de sus profesores y personal administrativo?
Las universidades pueden tener políticas estrictas en cuanto a antecedentes disciplinarios, especialmente para el personal docente y administrativo. La integridad académica y la seguridad de los estudiantes son consideraciones clave.
¿Los antecedentes judiciales en Colombia incluyen delitos cometidos en el extranjero?
No, los antecedentes judiciales en Colombia se limitan a los delitos cometidos en el territorio colombiano. Sin embargo, en algunos casos, si existe un convenio de cooperación o solicitud específica de las autoridades colombianas, puede haber intercambio de información sobre delitos cometidos en el extranjero que involucren a ciudadanos colombianos.
¿Qué es la Cédula de Extranjería en Colombia?
La Cédula de Extranjería en Colombia es un documento de identificación emitido a los extranjeros que residen legalmente en el país, acreditando su situación migratoria y permitiéndoles realizar actividades dentro del territorio colombiano.
¿Los antecedentes judiciales en Colombia pueden ser utilizados como criterio para la contratación de servicios de construcción y obras públicas?
Sí, los antecedentes judiciales en Colombia pueden ser considerados como criterio para la contratación de servicios de construcción y obras públicas. Los organismos encargados de las licitaciones y los contratistas pueden evaluar los antecedentes judiciales de las empresas o los trabajadores para garantizar la idoneidad y la integridad en la ejecución de proyectos de construcción y obras públicas.
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