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¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores en relación con la prevención del acoso laboral y sexual en Colombia?
Los empleadores en Colombia tienen la obligación de prevenir el acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo. Esto incluye establecer políticas claras, proporcionar capacitación, y tomar medidas inmediatas para abordar las denuncias. La falta de acción por parte del empleador puede resultar en consecuencias legales y sanciones.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero en el ámbito empresarial colombiano?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas en Colombia deben implementar procesos de debida diligencia, identificación y monitoreo de clientes, así como reportar transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.
¿Puede una empresa realizar verificaciones de antecedentes a empleados actuales en Colombia?
Sí, algunas empresas implementan políticas de verificación periódica incluso para empleados actuales, especialmente si tienen acceso a información sensible. Esto se hace con el consentimiento del empleado y en conformidad con las leyes aplicables.
¿Cómo realizar el trámite para la exención de impuestos para personas con discapacidad en Colombia?
La exención de impuestos para personas con discapacidad se solicita ante la DIAN. Debes presentar el certificado de discapacidad, la declaración de renta y cumplir con los requisitos establecidos para obtener la exención correspondiente.
¿Cómo se regula la prescripción en los procesos judiciales colombianos?
La prescripción en los procesos judiciales colombianos establece límites de tiempo para iniciar acciones legales. Los plazos varían según la naturaleza del caso, y su vencimiento puede impedir la presentación de demandas o la ejecución de ciertos derechos.
¿Cuáles son los criterios clave en la debida diligencia para proyectos de inversión en el sector de servicios públicos en Colombia, considerando la calidad de servicios, tarifas reguladas y sostenibilidad?
En proyectos de inversión en el sector de servicios públicos en Colombia, la debida diligencia debe evaluar la calidad de los servicios, la estructura de tarifas reguladas, la sostenibilidad financiera y operativa, así como el cumplimiento normativo en la prestación de servicios esenciales. Esto asegura que los proyectos contribuyan al bienestar público y sean financieramente sostenibles.
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