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¿Cómo se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia se regula mediante la Ley 1770 de 2016. Esta establece sanciones para las empresas que participen en conductas delictivas, promoviendo una cultura de cumplimiento y ética empresarial.
¿Cuál es el papel de un rematador en el proceso de embargo en Colombia?
Un rematador es una persona designada por el juez para llevar a cabo la subasta de los bienes embargados en Colombia. El rematador es responsable de valorar los bienes, anunciar y llevar a cabo la subasta de manera justa y transparente, y asegurarse de que los fondos obtenidos se destinen adecuadamente al pago de la deuda.
¿Cómo realizar el trámite para la legalización de una unión marital de hecho en Colombia?
La legalización de una unión marital de hecho se realiza ante notaría. Ambas partes deben presentarse con documentos de identificación, prueba de la convivencia y, en algunos casos, firmar un contrato de sociedad patrimonial.
¿Qué se considera delito de contrabando en Colombia y cuáles son las penas asociadas?
El delito de contrabando en Colombia se refiere a la importación o exportación ilegal de bienes, mercancías o productos, evadiendo los impuestos y aranceles correspondientes. Las penas asociadas pueden incluir acciones legales penales, penas de prisión, multas, decomiso de mercancías, sanciones administrativas, y acciones adicionales por violación de las leyes aduaneras y el orden público.
¿Cuáles son los desafíos específicos al realizar debida diligencia en empresas familiares en Colombia?
En empresas familiares colombianas, la debida diligencia puede enfrentar desafíos únicos, como la gestión de relaciones familiares en el entorno empresarial. Es crucial evaluar la gobernanza corporativa, la sucesión y posibles conflictos de interés para garantizar la continuidad y estabilidad del negocio.
¿Cuáles son las implicaciones legales del matrimonio forzado en Colombia?
El matrimonio forzado en Colombia se refiere a la unión conyugal en la que al menos una de las partes no ha dado su consentimiento libre y pleno. Las implicaciones legales pueden incluir acciones legales penales, anulación del matrimonio forzado, sanciones administrativas, medidas de protección y apoyo a las víctimas, y acciones adicionales por violación de derechos humanos y discriminación de género.
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