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¿Cuál es el impacto de la custodia única en las obligaciones alimentarias en Colombia?
Cuando se otorga la custodia única en Colombia, el progenitor sin custodia generalmente tiene la obligación de pagar la cuota alimentaria. Sin embargo, es importante que las decisiones judiciales o acuerdos establezcan claramente cómo se distribuirán las responsabilidades financieras, especialmente si hay otros hijos en el hogar del progenitor sin custodia. El tribunal considerará factores como los ingresos y necesidades de ambas partes al determinar la cuota alimentaria.
¿Cómo se establece la filiación en casos de donación de esperma o óvulos en Colombia?
En casos de donación de esperma u óvulos en Colombia, la filiación se establece legalmente a favor de los padres receptores. La legislación colombiana reconoce a los padres que reciben las donaciones como los padres legales del menor, garantizando sus derechos y responsabilidades parentales.
¿Cuál es la diferencia entre custodia compartida y custodia exclusiva en Colombia?
La custodia compartida implica que ambos padres comparten la responsabilidad de cuidar y criar a los hijos después de un divorcio o separación, mientras que la custodia exclusiva otorga la responsabilidad principal a uno de los padres, aunque el otro puede tener derechos de visita.
¿Se pueden embargar cuentas bancarias en Colombia?
Sí, las cuentas bancarias pueden ser embargadas en Colombia como parte del proceso de satisfacción de una deuda autorizada por un juez.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el sector público en Colombia?
En el sector público, la verificación de antecedentes es fundamental para garantizar la idoneidad de los candidatos para roles de responsabilidad. Se siguen procedimientos transparentes y se colabora con agencias gubernamentales para validar la información, asegurando el cumplimiento de las normativas del sector público colombiano.
¿Cómo se aborda el tema de la violencia política en Colombia?
La violencia política en Colombia se ha abordado mediante iniciativas como la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Esta ley busca la desmovilización y reintegración de grupos armados ilegales, estableciendo procedimientos especiales para aquellos que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.
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