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¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de adopción por parte de familiares cercanos en Colombia?
En casos de adopción por parte de familiares cercanos en Colombia, los hijos tienen los mismos derechos y protecciones que en cualquier otra adopción. Tienen derecho a recibir cuidado, protección y apoyo económico de sus padres adoptivos. Además, tienen derecho a mantener una relación cercana con ellos y a ser criados en un ambiente familiar amoroso y respetuoso.
¿Cuánto tiempo permanecen los antecedentes judiciales en los registros en Colombia?
El tiempo que los antecedentes judiciales permanecen en los registros puede variar. Algunos delitos tienen plazos de prescripción, mientras que otros pueden permanecer en los registros de manera indefinida.
¿Cómo se puede evaluar la resiliencia de un candidato durante el proceso de selección en Colombia?
Evaluar la resiliencia en Colombia implica preguntar sobre experiencias pasadas de superar desafíos profesionales o personales. Buscar ejemplos concretos de cómo han manejado la presión o la adversidad brinda información sobre su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes en el entorno laboral colombiano.
¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones de AML en Colombia?
En Colombia, la Ley 1708 de 2014 es la principal legislación contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. También existe la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como entidad encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de estas leyes.
¿Cuáles son las penas por violación en Colombia?
La violación en Colombia está penada con severidad. Las penas varían según la gravedad del delito y pueden incluir largas condenas de prisión. Además, se considera como un delito que afecta la integridad y dignidad de la víctima, por lo que las sanciones son rigurosas.
¿Qué se entiende por responsabilidad política en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?
La responsabilidad política en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia se refiere a la obligación que tienen los funcionarios públicos de asumir las consecuencias políticas y éticas de sus acciones. Esta responsabilidad implica que los funcionarios deben responder ante la ciudadanía y los órganos de control por sus decisiones, gestiones y posibles actos de corrupción. En casos de irregularidades o malas prácticas, los funcionarios pueden enfrentar censuras, juicios políticos, destituciones o la pérdida de la confianza de los ciudadanos.
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