Milena Rojas Ramos

Perfil de Milena Rojas Ramos

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

Artículos recomendados

¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en cuanto a la seguridad del inmueble en un contrato de arrendamiento en Colombia?

Las obligaciones del arrendador en cuanto a la seguridad del inmueble deben estar detalladas en el contrato de arrendamiento en Colombia. Esto puede incluir acuerdos sobre medidas de seguridad existentes, como cerraduras y sistemas de alarma, y las responsabilidades del arrendador para mantener estas medidas en buen estado. Además, es recomendable establecer procedimientos para notificar y abordar problemas de seguridad, así como cualquier ajuste en el arriendo relacionado con mejoras en la seguridad. Clarificar estas obligaciones garantiza que el arrendatario resida en un inmueble seguro y evita malentendidos entre las partes durante el período de arrendamiento.

¿Cuál es el papel de la biometría en la validación de identidad en instituciones gubernamentales colombianas?

Las instituciones gubernamentales en Colombia utilizan la biometría, como la huella digital y el reconocimiento facial, para fortalecer la autenticación de la identidad en diversos servicios, como la emisión de documentos oficiales y la participación en programas sociales. Esto contribuye a la prevención de fraudes y garantiza la integridad de los registros gubernamentales.

¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con PEP en el sector educativo en Colombia, especialmente en términos de asignación de recursos y garantía de la calidad de la educación?

En el sector educativo de Colombia, la gestión de riesgos relacionados con PEP se aborda mediante medidas específicas para garantizar la asignación justa de recursos y la calidad de la educación. Se establecen criterios transparentes para la asignación de fondos y recursos a instituciones educativas, asegurando que no haya influencia indebida de PEP en este proceso. Además, se promueve la participación de la comunidad educativa y se establecen mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la calidad de la educación. La supervisión activa de entidades reguladoras y la divulgación de información sobre la asignación de recursos contribuyen a prevenir prácticas corruptas y garantizar que los recursos destinados a la educación beneficien de manera equitativa a toda la comunidad.

¿Cuáles son las sanciones por delitos relacionados con el tráfico de órganos en Colombia?

El tráfico de órganos en Colombia está penado por la Ley 1801 de 2016. Esta ley establece penas significativas para quienes participan en esta actividad ilegal, que va desde la extracción hasta la comercialización de órganos. Se busca prevenir y sancionar este delito que atenta contra la dignidad humana.

¿Cómo se incorporan las lecciones aprendidas de casos previos de corrupción relacionados con PEP en la mejora continua de las políticas y prácticas de gestión de riesgos en Colombia?

Las lecciones aprendidas de casos previos de corrupción relacionados con PEP se incorporan en la mejora continua de las políticas y prácticas de gestión de riesgos en Colombia mediante la revisión y actualización constante de los marcos normativos. Se analizan los casos para identificar vulnerabilidades y debilidades en los sistemas existentes, y se implementan reformas para abordar estas deficiencias. Además, se promueve la cultura de la rendición de cuentas, donde las instituciones y los funcionarios públicos son responsables de sus acciones. La transparencia en la divulgación de información y la participación ciudadana en la evaluación de políticas contribuyen a la mejora continua, asegurando que los errores del pasado sirvan como lecciones valiosas para fortalecer la integridad y la eficacia de la gestión de riesgos en el futuro.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las regulaciones KYC en Colombia?

En caso de incumplimiento de las regulaciones KYC en Colombia, las instituciones financieras pueden enfrentar sanciones financieras y otras medidas disciplinarias. Es fundamental que las entidades cumplan con las normativas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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