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¿Cuáles son las sanciones por delitos relacionados con el tráfico de órganos en Colombia?
El tráfico de órganos en Colombia está penado por la Ley 1801 de 2016. Esta ley establece penas significativas para quienes participan en esta actividad ilegal, que va desde la extracción hasta la comercialización de órganos. Se busca prevenir y sancionar este delito que atenta contra la dignidad humana.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de trabajo infantil en Colombia?
En Colombia, se protege y garantizan los derechos de las personas en situación de trabajo infantil. Estos derechos incluyen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección contra la explotación laboral y el derecho a vivir en condiciones dignas. Se promueve la erradicación del trabajo infantil y la inclusión de los niños y niñas en actividades educativas y recreativas.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de adopción por parte de una persona soltera en Colombia?
En casos de adopción por parte de una persona soltera en Colombia, los hijos tienen los mismos derechos y protecciones que en cualquier otra adopción. Tienen derecho a recibir cuidado, protección y apoyo económico de su padre o madre adoptiva. Además, tienen derecho a mantener una relación cercana con ellos y a ser criados en un ambiente familiar amoroso y respetuoso.
¿Cuáles son los derechos fundamentales durante un juicio en Colombia?
Durante un juicio en Colombia, se garantizan derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a presentar pruebas.
¿Cuál es el papel del juez en un proceso penal en Colombia?
El juez en un proceso penal colombiano tiene la responsabilidad de evaluar las pruebas presentadas, determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y dictar la sentencia correspondiente.
¿Qué se entiende por responsabilidad política en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?
La responsabilidad política en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia se refiere a la obligación que tienen los funcionarios públicos de asumir las consecuencias políticas y éticas de sus acciones. Esta responsabilidad implica que los funcionarios deben responder ante la ciudadanía y los órganos de control por sus decisiones, gestiones y posibles actos de corrupción. En casos de irregularidades o malas prácticas, los funcionarios pueden enfrentar censuras, juicios políticos, destituciones o la pérdida de la confianza de los ciudadanos.
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