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¿Cuáles son los tipos comunes de antecedentes disciplinarios?
Los antecedentes disciplinarios pueden incluir violaciones éticas, mala conducta laboral, o cualquier comportamiento que viole las normas de la empresa.
¿Qué se considera terrorismo financiero en Colombia y cuáles son las penas asociadas?
El terrorismo financiero en Colombia se refiere a las acciones financieras o transacciones económicas destinadas a financiar o apoyar actividades terroristas. Este delito está penado por la legislación colombiana y las penas asociadas pueden incluir acciones legales penales, penas de prisión prolongadas, multas significativas, decomiso de bienes, sanciones administrativas y acciones adicionales por financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada.
¿Qué se considera delito de publicidad engañosa en Colombia y cuáles son las penas asociadas?
El delito de publicidad engañosa en Colombia se refiere a la difusión de información falsa o engañosa en los mensajes publicitarios, que puede inducir a error a los consumidores. Las penas asociadas pueden incluir acciones legales penales, sanciones administrativas, multas, medidas correctivas, prohibición de publicidad engañosa y acciones adicionales por violación de los derechos del consumidor y la transparencia en la publicidad.
¿Qué es el Permiso Especial de Permanencia para Venezolanos (PEPV) en Colombia?
El Permiso Especial de Permanencia para Venezolanos (PEPV) en Colombia es un documento que permite a los ciudadanos venezolanos regularizar su situación migratoria y acceder a beneficios en el país.
¿Cuál es la postura de las instituciones financieras en Colombia respecto a los antecedentes disciplinarios de sus empleados?
Las instituciones financieras tienden a ser especialmente rigurosas en la revisión de antecedentes disciplinarios de sus empleados debido a la naturaleza sensible de la información financiera y la necesidad de mantener altos estándares éticos.
¿Cuál es el alcance del derecho a la vivienda en Colombia?
El derecho a la vivienda en Colombia implica el acceso a una vivienda adecuada y digna. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar este derecho, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo programas de vivienda, políticas de acceso a la tierra y medidas de protección contra el desalojo arbitrario.
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