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¿Cómo se aborda en Costa Rica el caso de los deudores que intentan eludir el pago de impuestos mediante estructuras corporativas complejas?
Costa Rica aborda casos de deudores que intentan eludir impuestos mediante estructuras corporativas complejas mediante la aplicación de normativas antielusión y la revisión detallada de transacciones entre entidades relacionadas. Esto busca prevenir prácticas que socaven la integridad del sistema tributario.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de sabotaje en Costa Rica?
El sabotaje en Costa Rica puede dar lugar a penas de prisión y multas, protegiendo la seguridad nacional y la integridad de infraestructuras críticas.
¿Cómo se solicita un registro de marca en Costa Rica?
Para solicitar un registro de marca en Costa Rica, se debe presentar una solicitud ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). La solicitud debe incluir información sobre la marca, así como el pago de la tasa correspondiente. El proceso de registro puede llevar varios meses y se realiza un examen para determinar si la marca es registrable.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los costarricenses que obtienen la residencia en España?
Los costarricenses que obtienen la residencia en España pueden estar sujetos a obligaciones fiscales en ambos países. Es importante entender las leyes fiscales y considerar acuerdos de doble imposición.
¿Cómo afecta el KYC a la inclusión financiera en Costa Rica?
Aunque el KYC puede ser visto como un requisito, su implementación adecuada puede facilitar la inclusión financiera al proporcionar un marco seguro para que más personas participen en servicios financieros, promoviendo la igualdad económica.
¿Cómo se garantiza la competencia y la participación equitativa de contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para aquellos que intentan distorsionar la competencia?
La garantía de competencia y participación equitativa de contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica se logra mediante la aplicación de criterios objetivos y la promoción de la pluralidad de oferentes. Aquellos contratistas que intentan distorsionar la competencia pueden enfrentar sanciones como multas significativas, la descalificación en procesos futuros y la pérdida de beneficios asociados a la contratación pública. Estas medidas buscan preservar la igualdad de oportunidades en el sector contractual.
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