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¿Puede un deudor alimentario evitar el cumplimiento de la pensión argumentando insolvencia en Costa Rica?
Argumentar insolvencia en Costa Rica no libera al deudor de su obligación de cumplir con la pensión alimentaria. Sin embargo, puede ser un factor considerado por el tribunal al determinar la cantidad de la pensión o establecer un plan de pagos que sea asequible para el deudor.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la supervisión de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica tiene un papel en la supervisión de la verificación en listas de riesgos, garantizando que las entidades obligadas cumplan con sus obligaciones de cumplimiento normativo y aplicando auditorías y revisiones periódicas.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la construcción en Costa Rica?
El sector de la construcción en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en proyectos de construcción y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuáles son los derechos y protecciones de los deudores en un proceso de embargo en Costa Rica?
Los deudores en Costa Rica tienen derechos y protecciones legales en un proceso de embargo. Estos incluyen el derecho a ser notificados adecuadamente, el derecho a impugnar el embargo si consideran que es injusto, y el derecho a una audiencia justa. Además, existen límites legales en cuanto a la cantidad de salario que puede ser embargado, con el objetivo de garantizar que el deudor pueda mantener un nivel mínimo de subsistencia.
¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica para la revisión y auditoría de contratos públicos, y cómo se aplican sanciones en caso de descubrir irregularidades durante estas revisiones?
Las disposiciones legales en Costa Rica establecen mecanismos para la revisión y auditoría de contratos públicos. La Contraloría General de la República desempeña un papel clave en este proceso, llevando a cabo auditorías para verificar el cumplimiento de normativas y la legalidad de los contratos. En caso de descubrir irregularidades, se pueden imponer sanciones como multas, rescisión de contratos y la apertura de investigaciones penales, asegurando así la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos públicos.
¿En qué medida la debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y cómo se refleja esta consideración en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas?
La debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y esto se refleja en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas. La Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Gestión Pública establece medidas específicas para garantizar la transparencia en el financiamiento político, incluyendo la implementación de procesos de debida diligencia para verificar la legalidad y legitimidad de las contribuciones.
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