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¿Cómo ha evolucionado la legislación en Costa Rica para abordar el ciberdelito?
La legislación en Costa Rica ha evolucionado para abordar el ciberdelito, con la implementación de leyes específicas y la mejora de las capacidades técnicas para investigar y enjuiciar delitos en línea, protegiendo así la seguridad digital de la sociedad.
¿Cómo se clasifican los embargos según su duración en Costa Rica?
Los embargos en Costa Rica pueden clasificarse según su duración. Algunos son temporales, aplicados en situaciones específicas, mientras que otros pueden ser de larga duración, afectando continuamente las relaciones comerciales e internacionales.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar los contratistas por presentar documentación falsa en procesos de licitación en Costa Rica?
Los contratistas que presentan documentación falsa en procesos de licitación en Costa Rica pueden enfrentar sanciones graves. Esto puede incluir la descalificación de participar en procesos de licitación futuros, multas sustanciales y la inadmisibilidad para contratar con entidades públicas durante un período determinado. Además, pueden enfrentar responsabilidad legal por fraude.
¿Cuál es la postura de Costa Rica en relación con la persecución de cómplices en delitos de guerra a nivel internacional?
Costa Rica puede abogar por la persecución de cómplices en delitos de guerra a nivel internacional, colaborando con tribunales internacionales y respaldando esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia.
¿Qué medidas toma Costa Rica para combatir el crimen organizado?
Costa Rica ha implementado diversas estrategias para combatir el crimen organizado, incluyendo la creación de la Policía de Control de Drogas, la mejora de la cooperación internacional y la promulgación de leyes más estrictas contra la delincuencia organizada.
¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la República en el control del cumplimiento normativo en Costa Rica?
La Procuraduría General de la República en Costa Rica tiene la responsabilidad de velar por la legalidad en la administración pública. Su función incluye el control del cumplimiento normativo, asesorando a las instituciones públicas y defendiendo los intereses del Estado en el ámbito legal.
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